La familia Parada y Ruiz denunciaron ante el fiscal la usurpación de sus lotes ubicados a pocos metros del acceso a Coronel Olleros, muy cerca de la intersección de la ruta nacional 16 y la provincial N° 30.

La denuncia explica que ellos son propietarios de los inmuebles cuyo número de catastro son 02-4751 y 672 (este último de la señoraCecilia Ruiz), ubicados en el departamento de Anta, sector de Olleros, correspondiente al municipio de Joaquín V. González.

El hecho es que según los denunciantes, los mencionados inmuebles fueron usurpados por el fondo de esas propiedades, por lo cual radicaron denuncias policiales hace varios años.

Tramitando las causas penales N° 60016/04 y 67771/08 (esta última de la señora Cecilia Ruiz), que se encuentran radicadas en el Juzgado de Instrucción de Primera Nominación de Metán, a cargo del Dr. Mario Teseyra.

Es importante aclarar que este expediente se encuentra en apelación. Igualmente, se dicto en la causa la medida de Prohibición de Innovar en relación de dichos inmuebles, y en contra del nombrado. Sin embargo, procedían a desmontar toda la parte del fondo de la propiedad la cual fue cultivada. Y a pesar de la medida judicial de No Innovar, continuó cultivando en la propiedad desobedeciendo la orden judicial.

La denuncia manifiesta: “El hecho es que durante estos días pasados notamos movimientos de personal en los inmuebles, y que estaban disponiéndose nuevamente a cultivar en esas tierras. Tomando conocimiento de que la familia Pignani estaba cultivando, fuimos a entrevistar a esa familia. Conversando con la señora de Pignani nos dijo que ellos estaban prestando un servicio allí, pero que no nos podían decir para quien le prestaban ese servicio. Luego de este hecho procedimos a solicitar la actuación de la Sra. Jueza de Paz de Joaquín V. González, quien labró el acta correspondiente a fin de constatar los trabajos y cultivos en el lugar. La Jueza de Paz concurrió en dos oportunidades: la primera fue cuando ingresamos al campo y aún no había sido cultivado, pero si se notaba que habían ingresado con alguna maquinaria que lo encerraba o delimitaba. Y en una segunda oportunidad, ya  nos encontramos con el campo sembrado y que habían colocado un portón en su ingreso. Ahora ese portón se encuentra con candado y con un cartel que dice Propiedad Privada”.

Posteriormente continúa el escrito: “El acusado, dijo primero actuar como apoderado de la firma CINSA SA, que es una sociedad en formación que nunca llego a constituirse regularmente, tal cual quedo acreditado en la causa penal de mención”.

Finalmente en la denuncia solicitan que “se tomen las medidas legales del caso, investigándose si las personas que ingresaron en el inmueble a cultivarlo, se tratan de las mismas personas que fueron acusadas en la causa. O bien, si son otras, qué vínculo tienen con el señor Pablo Ponce Peñalba o con la mencionada sociedad CINSA SA o con la señora María Olga de Garnica quien parece involucrada con la sociedad solicitando se dicte una nueva medida de No Innovar.

Realmente resulta alarmante la falta de justicia en el caso, ya que nos vemos avasallados por nuestros derechos por lo que de no tomar medidas en el caso nos veremos a la obligación de recurrir ante autoridades superiores para que tomen medidas de rigor y realmente se hagan cumplir las resoluciones judiciales”.