Actualmente pretender coherencia en el accionar de algunos funcionarios es pecar de sobrada ingenuidad, e indubitablemente las discusiones filosóficas sobre justicia distributiva se agotan cuando las cifras marcan que 2 de cada 3 niñas y niños de Argentina (66%) son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos, como el acceso a la educación, la protección social, a una vivienda o un baño adecuado, al agua o a un hábitat seguro.
