El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado por Transparencia Internacional, muestra que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. Por doce años consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. Esto indica que existen graves problemas de corrupción a nivel del planeta.
Y en ese contexto Argentina no es la excepción: obtuvo 37 puntos sobre 100 posibles en el Índice de Percepción de Corrupción 2023, descendiendo 1 punto con respecto a 2022 y retrocediendo 4 puestos en el ranking (pasando de la ubicación 94 a la 98 entre 180 países).
El IPC clasifica a 180 países y territorios según las percepciones con respecto al nivel de corrupción en el sector público, empleando una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción). Así, Argentina sigue estancada y sin grandes cambios en el compromiso del país con este problema estructural, más allá de los cambios de signos políticos en el gobierno.
Año Puntos Ranking
2023 37 98
2022 38 94
2021 38 96
2020 42 78
Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, señala: “Argentina se encuentra estancada desde hace mucho en la lucha contra la corrupción. No se han realizado esfuerzos significativos en esta materia en los últimos años. Los vaivenes de las intervenciones de los organismos de control de la corrupción y la injerencia de la política en el poder judicial hacen que la lucha contra la corrupción avance muy lentamente en nuestro país. Las primeras propuestas enviadas al Congreso de la Nación por el recientemente asumido Presidente carecen casi en su totalidad de un abordaje integral y sistemático en materia de integridad y lucha contra la corrupción un tema que, sin embargo, está entre las prioridades de la ciudadanía.”
En las Américas: La falta de independencia del poder judicial fomenta la impunidad de los corruptos y poderosos
Esta edición del IPC para la región revela que el poder judicial en las Américas no cumple su papel crucial como control de otras ramas del gobierno. La falta de independencia judicial socava el Estado de derecho, promueve la corrupción y conduce a la impunidad de los corruptos y poderosos. Con el puntaje promedio de la región manteniéndose en el puesto 43 y dos tercios de los países por debajo de 50, es imperativo abordar esta cuestión para la lucha eficaz contra la corrupción.
Luciana Torchiaro, Asesora Regional para las Américas de Transparencia Internacional aporta al análisis de estos datos: «Los países de la región deberían trabajar para tener poderes judiciales fuertes e independientes que provean rendición de cuentas y justicia. No hacerlo erosiona los fundamentos mismos de la democracia y el Estado de derecho. El continuo debilitamiento de los pesos y contrapesos sólo fomentará la impunidad, tanto para los grupos de poder como para los corruptos, en detrimento del público en general y el bienestar colectivo.”
ASPECTOS DESTACADOS DE AMÉRICA
– Canadá (76) y Uruguay (73) están en la cima del ranking regional con controles y contrapesos más robustos.
Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) tienen los puntajes más bajos de la región, con impunidad generalizada y falta de independencia del poder judicial.
– Sólo dos países, Guyana (40) y República Dominicana (35), han mejorado sus puntajes del IPC durante la última década, mientras que los demás se han estancado o han retrocedido significativamente.
CORRUPCIÓN E INJUSTICIA
La sensación generalizada de impunidad y la incapacidad de actuar imparcialmente de fiscales y jueces -garantizando juicios justos e igualdad ante la ley-, erosionan significativamente la confianza en el poder judicial en las Américas. Esta percepción a menudo desalienta la presentación de denuncias, ya que las instituciones son vistas como corruptas, poco confiables e inseguras.
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