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Ayer por la tarde, Gerardo Orellana ( intendente de Joaquín V. González)  se reunió con los habitantes del asentamiento ubicado a metros del cementerio municipal, para explicarles cual era la situación legal de esas tierras que generaron en los últimos meses, intensas disputas con la familia Barroso que aún reclaman derechos sobre esos terrenos.

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El jefe comunal llegó al lugar acompañado de sus prinicpales colaboradores: Kela Saravia, Francisco Córdoba, Manuel Córdoba, Poli Barrionuevo, Jorge Esquivel, Marcelo Cárdenas y Juan Carlos Hoyos, entre otros. También se hizo presente la concejal Ana Silvia Sarmiento, y tres abogados que asesoran al municipio: Carlos Eduardo Navarro, Matías Franco y Walter Slotter. Los profesionales del derecho explicaron a la gente que un dictamen judicial dejaba sin efecto lo pretendido por la sucesión Barroso, por lo tanto no debían abonar ningún dinero a la familia en concepto de ninguna cosa. Además, hicieron notar que esas tierras pertenecerían a los Martínez, a quienes ya se les avisó que le iban a expropiar esos terrenos.

Es importante aclarar que la expropiación consiste en la transferencia coactiva (con fuerza para apremiar u obligar) de la propiedad privada desde su titular al Estado, concretamente, a un ente de la Administración Pública dotado de patrimonio propio. Puede expropiarse un bien para que éste sea explotado por el Estado o por un tercero.

Lo concreto es que la gente tendrá la posibilidad de vivir allí, pero le recomendaron que hasta tanto no tome intervención el Instituto Provincial de la Vivienda o el Gobierno, se abstengan de hacer demasiadas inversiones en el lugar. El municipio intentará ralizar una distribución justa de esas tierras, para que el beneficio de la propiedad llegue a quienes realmente lo necesitan, habida cuenta de rumores que manifestaban que gente que ya tenía casa o lotes, pretende tener un sitio también allí, lo cual no les sería permitido.