Chiaramonte busca en las raíces del sistema político y económico argentino las razones de su “ineficacia”. Algunos conflictos llegan al presente.

Uno de los más serios problemas que afrontan la Argentina y otros países con sistema federal es, desde su adopción, el de la ineficacia. Por lo común, en la vida política actual se piensa esa ineficacia como una injusta distribución, desde el Estado nacional, de los ingresos que éste percibe por distintos conceptos.
Pero el régimen federal es mucho más que un esquema de distribución de recursos entre el Estado nación y las entidades políticas que lo componen. Es, sobre todo, una estructura para garantizar la porción de soberanía que les corresponde a los Estados federados luego del abandono de su independencia, algo que podría contribuir también a la real vigencia en ellos de la denominada democracia representativa.
A partir de la constitución de un Estado federal argentino en 1853, la historia del federalismo es la historia de la malsana relación de un conjunto de gobiernos provinciales con el gobierno nacional. Se trata, como he señalado, de un vínculo que surge de una extinción y de un nacimiento: la extinción de la independencia soberana que nominalmente cada provincia poseía hasta entonces y el nacimiento de una nueva soberanía independiente, el Estado nacional argentino. A partir de 1853, las provincias conservaron las atribuciones soberanas no delegadas al Estado nacional, pero perdieron su independencia.
Países como la Argentina, la importancia que posee este enfoque de la historia del federalismo consiste en que hace posible advertir que sus fallas actuales no proceden solamente de la posible arbitrariedad de una de las dos partes de la relación, el gobierno central, sino también, y principalmente, de la debilidad de la otra parte, la de las provincias unidas en el Estado federal.
En el lapso que va de 1810 a 1853, la política económica de Buenos Aires amortiguó en unos casos y ahogó en otros, el desarrollo de otras provincias al hacer pesar sobre ellas –gracias en buena medida a las ventajas provenienes de su lugar en la configuración del espacio rioplatense–, las modalidades de su comercio exterior y de su control de la navegación de la cuenca del Plata, más la falta de lo que les correspondía en la recaudación de su Aduana.
Más aún, esa política económica destinada a preservar los réditos de una ganadería anacrónica afectó también el desarrollo de la propia Buenos Aires. De modo que al lograrse finalmente la organización de un Estado federal, ni la Argentina estaba en condiciones de competir en el mercado internacional –al cual se incorporó como proveedora de alimentos y materias primas– ni las provincias, por su debilidad, estaban en condiciones de ejercer adecuadamente las atribuciones soberanas que se habían reservado y fueron víctimas frecuente de la intervención del gobierno nacional.
A comienzos del siglo XX, un destacado intelectual de la época, el jurista santafesino Rodolfo Rivarola quien, fundado en el deficiente sistema federal del país, reclamaba su reemplazo por un régimen unitario que consideraba un sinceramiento acorde con la realidad de la política argentina. La defensa del federalismo en respuesta a ese tipo de críticas, realizado por otro notable jurista, José Nicolás Matienzo, no habría de ser convalidada por una real mejora del deficiente federalismo argentino.A diferencia de lo ocurrido en el caso de las ex colonias anglo americanas, el reemplazo de la confederación por el Estado federal argentino, si bien tuvo la forma de un acuerdo entre Estados soberanos, en realidad no fue producto de negociaciones entre ellos sino algo impuesto por un militar victorioso, el vencedor de la batalla de Caseros. El resultado al que se asistiría luego de 1853 sería entonces el crecimiento del poder del gobierno central, merced sobre todo al instrumento de la intervención “federal”, frente a débiles Estados provinciales.
Los vicios de la política argentina tienen parte de sus raíces en esta anómala conformación del régimen federal. Muchas de las provincias padecerían las consecuencias de su debilidad frente al Estado nacional no sólo en cuanto a la distribución de los recursos, sino también por algo que en realidad es factor de esa debilidad: su deficiente desarrollo político. En suma, las fallas del régimen representativo y del federalismo a partir de 1853 no deben considerarse sólo con referencia al Estado nacional, sino fundamentalmente como efecto de la debilidad institucional de las provincias.José Carlos Chiaramonte es historiador. Instituto Ravignani UBA/Conicet. Este texto presenta su libro nuevo que aparecerá en los primeros días de septiembre../ Actualizado al 05/01/2021
COLUMNA DEL PERIODISTA ROBERTO CHUCHUY