La respuesta a tal planteo debe generarse, indefectiblemente, desde la política. El diagnóstico sobre la situación actual de JVG expone claramente la insuficiencia que el haber dejado este asunto en manos de los inversores o agentes económicos ha resultado para la fuente de sustento de sus habitantes. Y eso sucedió porque la urgencia de problemas institucionales distrajo la atención del Estado municipal y se dejó actuar intuitivamente &ndashsin encauzamiento- a los actores antes mencionados.
Producto de estos errores del pasado, la realidad hoy ofrece a la dirigencia menor margen de maniobrabilidad en materia social, aunque la problemática emerge con mayor claridad, incluso, a ojos no especializados. El diagnóstico del panorama plantea, al menos, tres fuentes de ingresos para los ciudadanos y ciudadanas de JVG: el sector terciario, el sector primario y la economía informal.
En cuanto al sector terciario, entendemos ahí tanto al comercio y otras formas de cuentapropismo, como también al Estado (municipal, provincial y nacional). Mientras que en el primario, se encuentran los emprendimientos agrícola-ganaderos. En estas dos capas pueden resumirse las principales fuentes de ingresos y gran parte del problema, debido a la acotada oferta de empleo que ambos generan.
Pero, además, entre los desagregados correspondientes a proyectos agrícola-ganaderos está expresada la menor dinámica en materia de circulación de divisas en la economía de JV González, ya sea de manera directa o indirecta. Esto resulta indicativo de la concentración de riqueza que se da en el grupo más estrecho de la pirámide social, cuyos integrantes &ndashactores económicos propietarios o gerenciales- residen sólo parcialmente en la ciudad o bien pernoctan de manera esporádica en ella.
Es así que en medio de la angustia diaria de 9000 ciudadanos de Joaquín V. González por sobrevivir, un productor sojero propietario de una explotación mediana (1000 hectáreas) habrá facturado en la actual campaña 2012 $ 5,5 millones [*]. En base a lo cual queda en evidencia el sentido en el que opera el flujo de la riqueza, hacia dónde va, quiénes la perciben y qué destino le dan a este beneficio, ya sea en la propia ciudad &ndashlas menos de las veces- o fuera de ella.
Y es lógico precisar lo lícito de la percepción antes mencionada, la que no incluye de ningún modo connotaciones legal o moralmente reprochables. Sino que el objetivo de esta breve reflexión es llamar la atención respecto al resto de la población y sus modos alternativos al modo de producción primario para sobrevivir, casi condenados a zigzaguear entre las limitadas opciones laborales del Estado o del comercio, o bien en la economía informal. Término, en este último caso, que sí hace alusión a modos de supervivencia, en ocasiones por fuera de AFIP y la economía formal, y por otros, directamente al margen de la ley.
Por todos estos motivos y razones antes expuestos, la definición de un modelo de producción para Joaquín V. González es la materia que se encuentra pendiente, no sólo entre la dirigencia formalmente constituída en diferentes ámbitos del poder comunal, provincial o nacional sino también entre todos los ciudadanos interesados en resolver la problemática medular de la ciudad. Desde estas páginas, incluso, extendemos tal convocatoria, al suponer que quizás el llamado esté igualmente direccionado al resto de las poblaciones y parajes del departamento de Anta. Es hora de discutir política. Y más que nada, política económica.
[*] Al promedio nacional de 22,7 quintales por hectárea, cotizado en la bolsa de Cereales de Chicago a U$S 540 por tonelada, al día 26 de junio de 2012, según Ambito Financiero.
Por Federico Pérez (periodista diario Punto Uno). Especial para periódico Zona Sur.
